Última actualización el 12 de noviembre de 2018
Rubén Vera Cabrera
El derecho universal a la salud, se encuentra plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de México, nos indica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en la que concurren la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La salud debe ser un derecho efectivo, con trato humano, cordial y amable con los pacientes, haciendo hincapié en la honestidad en la compra de medicamentos y equipo por la institución encargada de su administración, así mismo que las medicinas, medicamentos, clínicas y hospitales públicos, estén al alcance de la población.
Impulsar el nivel de salud de la población, es uno de los objetivos prioritarios vinculados con las condiciones de pobreza y marginación que caracterizan a nuestra región. Estudios y diagnósticos del sector salud indican que para mejorar este nivel en la población, debe ser mediante la realización de acciones contra riesgos sanitarios, en lo que se ha avanzado pero no lo suficiente, y dichas acciones prioritarias a considerar son: garantizar el combate a las principales enfermedades que aquejan a la población, sobre todo a la más desprotegida, ofertar servicios de atención médica oportuna y de calidad, alcanzar los objetivos del milenio establecido por la Organización de Naciones Unidas(ONU)entre los que se encuentran, erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir las enfermedades infecciosas, como la influenza, trasmisiones de enfermedades por vector como el dengue, paludismo, entre otras.
Uno de los grandes retos en los que hay que analizar, es el del Agua, porque tiene que ver con la salud, el medio ambiente y la educación, temas abiertos a su discusión y análisis en Foros abiertos organizados por la sociedad civil y contemplado también, en nuestra Constitución en la reforma al mismo artículo 4º, que señala. “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
No es casual, entonces, que exista en la actualidad un importante consenso en que el acceso al agua potable constituye un derecho humano esencial amparado por el derecho internacional y que debemos defender luchando organizadamente, así lo confirma la resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En síntesis, para garantizar un pleno desarrollo social en nuestro país y en nuestro estado de Chiapas, se necesita de recursos económicos suficientes, bien administrados y sobre todo acabar con la corrupción, para garantizar que la calidad de la salud en la población sea adecuada. El desarrollo de una sociedad, depende el aprovechamiento escolar, la productividad laboral y la calidad de vida (OMS: Desarrollo del Milenio 2000-2015).
En los Estados con mayor grado de pobreza, como Chiapas, es lamentable encontrar negligencia médica, malas praxis y, las demandas de los médicos van en aumento, ya que la capacitación se ha puesto a un lado para priorizar la labor administrativa. Otros problemas que se presentan es la falta de insumos para el ejercicio de la labor en salud, los programas preventivos existen, pero no funcionan en su gran mayoría por falta de recursos económicos, aunque existe un presupuesto destinado para cada programa, no se alcanzan las metas a corto plazo, allí también interviene la corrupción.
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