Roberto Baltazar Márquez
En una sociedad dinámica como la mexicana, no es de extrañar que en las tres últimas décadas se hayan generado por todo el país una serie de entes sociales que se alejaron de los métodos de agrupación tradicionales.
Los ciudadanos crearon sin el permiso de nadie nuevas organizaciones que no guardaban relación con sus intereses gremiales; su objeto era dar cause a los problemas de la comunidad y a combatir los efectos que en ellos creaban la aplicación de políticas públicas alejadas de las necesidades sociales. Lo de menos era la forma jurídica que adoptaran, el propósito era ser parte activa de la vida nacional y discurrir en nuevos derroteros, alejados de la lucha gremial pero más cercanos al entorno social que los agobiaba.
En aras de seguir luchando por el poder, algunos partidos intentaron volver la vista hacia esas organizaciones para renovar su discurso político y, principalmente, para encontrar nuevas estrategias de vinculación con los ciudadanos que no los tienen como instituciones fiables, en los que no existe la discusión abierta de los grandes problemas nacionales, en los que se cierran los espacios de negociación política entre sí mismos y los que carecen de soluciones efectivas a los problemas que los aquejan.
Esa relación no fue exitosa y los partidos quedaron lejos de incorporar las agendas ciudadanas de la sociedad civil a sus idearios y programas de acción. El procesamiento implica un compromiso que los partidos no quisieron brindar y no otorgaron un apoyo irrestricto a esas organizaciones y a procurar que las mismas cuenten con el respaldo de institutos políticos que encabecen sus luchas sociales.
El objetivo debió ser: construir nuevos lazos sociales, generar pactos con la sociedad civil que renueven los principios partidistas, edificar puentes de contacto y colaboración permanentes con las organizaciones de la sociedad civil. No lo han logrado.
El reto era cambiar la actitud de quererse apropiar de movimientos que no son suyos, de entender esta lucha social como el espacio necesario para dar un giro a un activismo político que se encuentra anquilosado. Ello implicó para todos los partidos políticos una nueva y diferente cultura política de sus militantes, pero, principalmente, de las dirigencias, desde los niveles de base hasta los nacionales. El reto les quedó grande.
Los antecedentes
Con el embate del neoliberalismo y ante el fracaso del socialismo real, la organización social derivada del modelo de desarrollo imperante hizo crisis en la segunda mitad del siglo XX. El nuevo modelo económico, nacido con la crisis de 1982, lleva consigo un componente de exclusión de las demandas sociales y de los satisfactores básicos de la población. No es gratuito que a partir de esas fechas los niveles de pobreza se incrementan a ritmos muy acelerados y se da inicio a la erosión de las capas medias de la sociedad.
La tradición de la organización social y política en México, desde el campo y la ciudad, la de los obreros y los campesinos, veía como se minaba su membresía desde un doble frente: cada vez tenían una representación menor comparada con los trabajadores de los otros sectores de la economía. El flujo campo-ciudad hizo que los campesinos disminuyeran su número hasta representar en estos años el 16.9% de la fuerza laboral del país. Con los obreros las cosas no fueron diferentes, representan el 24.5% de la población ocupada. (Inegi).
De otro lado la fuerza social y organizativa que caracterizó a estos actores desde el inició de la Revolución Mexicana hasta la década de los sesenta, época en los que fueron los artífices del desarrollo estabilizador, se vio disminuida crecientemente, al no tener la capacidad política para anteponer un proyecto nacional propio de su clase a la corriente excluyente que caracteriza al régimen desde la crisis económica de 1982. No supieron escapar al paternalismo laboral y agrario del régimen y fueron presa fácil de los ataques perpetrados a través de la reforma a la legislación agraria de 1991-1992 y las prácticas que excluyen a los sindicatos en las relaciones entre obreros y patrones, amén de la próxima y amenazante reforma laboral.
A la vez que disminuía la fuerza de obreros y campesinos, cobraban vigor nuevos trabajadores, producto del ensanchamiento y dinámica de la economía mexicana. Así tenemos que el comercio, los servicios y el gobierno, se convirtieron en los sectores en los que se fincó la economía en su nuevo modelo de desarrollo, con la consiguiente aparición de un nuevo tipo de trabajador con una característica principal: su menor compromiso de clase.
En los ochenta puede observarse otro fenómeno, producto del mismo modelo de desarrollo: la gestación, crecimiento y consolidación de la economía informal, que es el reflejo de la característica principal del modelo económico: mandar, literalmente, a la calle a los viejos obreros y campesinos, pero también a los nuevos burócratas, profesionistas, comerciantes, etcétera.
Sin duda, el germen de la organización social no fundada en el trabajo lo arrojó el movimiento estudiantil de 1968. Combativo e insolente, el movimiento cimbró todos los sostenes del régimen. Fue capaz de evolucionar del vandalismo a la definición de una postura política incluyente, que le dio las simpatías de la población entera.
Sin embargo, el régimen todavía estaba ahí. Con el aniquilamiento del movimiento fue capaz todavía de transitar tres lustros más con cierta tranquilidad, sólo afectada por la lucha guerrillera, que dado su carácter violento, no logró penetrar suficientemente en la sociedad.
Un hecho natural inaugura en México la otra organización social, la que provenía de la gente más allá de su gremio, la que convive día a día con la esperanza de que esa convivencia en se dé con la mayor armonía posible.
Aunque el régimen, que todavía seguía ahí, ya no tenía ni la fuerza ni la imaginación para volver a imponerse a un movimiento ciudadano independiente, que no tenía pretensión alguna de alcanzar el poder. Sólo quería una convivencia mejor.
El movimiento social emanado de los terremotos de 1985 dio la pauta a numerosas expresiones sociales en todo el país para dar salida y viabilidad a las demandas ciudadanas que el régimen no percibía o escamoteaba. La lucha por la democracia en México se la debemos en mucho a estas organizaciones.
Después de ahí florecen en México organizaciones que buscan defender los derechos humanos, dar protección al ambiente, exigir la satisfacción de obras urbanas básicas, respetar la diversidad sexual, apropiarse de foros de expresión para los grupos urbanos no reconocidos, agrupar a los artistas no absorbidos por el régimen, buscar la equidad para las mujeres, brindar oportunidades para los minusválidos. Todos sus integrantes se dieron cuenta de un hecho fundamental: sólo juntos podían obtener los logros que el régimen les negaba; a través de la organización social sería posible dar una lucha con posibilidades de éxito, agrupados podían contribuir al proceso democrático.
Naturalmente muchas de estas organizaciones no son entes consolidados y casi todas arrastran consigo también, vicios y protagonismos que los llevan a enfrentamientos dogmáticos y pueriles que nada les reditúa.
Sin embargo, su dinámica social los hace parte central de la política del país, no en balde los partidos políticos luchan por acercarse a ellos y sólo ganará quien les dé respuesta efectiva, les permita transcurrir como organización independiente y asuma sus posiciones como parte de una ideología partidista que se traduzca en políticas públicas que transformen en acciones y postulados sus demandas y que los incluyan a ellos y a todos los mexicanos.
Las formas tradicionales
En el siglo XX, la organización social mexicana se ligó por fuerza al desarrollo de la economía, al campo y a la industria. Los campesinos organizados tuvieron acceso a la tierra que se liberaba con la desaparición del latifundio. Suya fue la lucha revolucionaria, por tanto nada más justo de acceder al satisfactor que ellos demandaron por centurias. Con la reforma agraria, México dio un paso importante para la generación de la riqueza, al volver productivas las tierras que en manos de los hacendados tenían un carácter patrimonialista y altamente antieconómico.
Durante 60 años, la organización social alrededor de la tierra permitió no pocas cosas: iniciar y culminar la Revolución Mexicana, generar excedentes económicos que apalancaron el financiamiento de la naciente industria, redistribuir la riqueza, servir de sostén político al Partido Revolucionario Institucional, que nació con otro nombre, y darle viabilidad política al régimen salido de la Revolución, y preservar con modalidades propias de los tiempos, la organización social de los pueblos, en donde se pueden distinguir claras raíces prehispánicas.
Sin embargo, el modelo se agotó a mediados de los sesenta y era claramente disfuncional al principio de los ochenta. El país no tuvo una alternativa económica para modernizar el sector rural y sus integrantes tampoco. Su organización social, por tanto, también se vio seriamente afectada.
El individualismo, propio de las sociedades modernas, generó que los ejidos y las comunidades, fueran un corsé para los campesinos. Este fenómeno fue muy nítido en el centro y norte del país, mientras que en el sur, lo fue en menor medida. También la organización social, por esa razón, adopta y adoptó modalidades diferentes, mientras que las prácticas comunitarias son muy arraigadas en el sur, en el centro y norte ahora son prácticamente inexistentes.
Las organizaciones campesinas también sufrieron los mismos avatares que los ejidos. Teniendo a la CNC como organización principal, fue palpable la movilización campesina durante el cardenismo y las dos administraciones siguientes. Sin embargo, el movimiento campesino se petrificó en los últimos cuarenta años. Su valor se restringió a ser parte del control político que permitió al régimen apoyo incondicional. Aún es posible observar como las organizaciones campesinas no tienen otra actividad que presionar en todos los rincones de la política, pero especialmente en los partidos políticos y en las esferas municipales, para apropiarse de una parte del poder político local, sin hacer aporte alguno para alcanzar las reivindicaciones de los campesinos.
No hay por tanto una movilización campesina real, en la que los intereses de los ejidatarios, comuneros, propietarios particulares, avecindados, colonos y otras figuras que conviven en el medio rural, estén debidamente representados.
La otra base de la organización social la representan los obreros, que corre paralelamente al siglo XX, con el desarrollo de la actividad industrial que nace, en términos de la acumulación originaria, con el porfiriato y que se detiene momentáneamente con la Revolución.
El modelo económico seguido por los gobiernos posteriores a la Revolución, permitió una creciente inversión en actividades de transformación industrial, muy especialmente, las manufacturas, la extracción de petróleo, la generación de energía eléctrica y la minería. Con los recursos extraídos del campo e inyectados a la industria, nace la política de sustitución de importaciones, que aprovechando la coyuntura de los enfrentamientos bélicos a escala mundial, le permitió a México fincar su desarrollo con la base en la enorme dinámica de este sector.
Como reflejo de esa dinámica, también la organización social de los trabajadores mostró una actividad febril que posibilitó, entre otras cosas: la defensa de los intereses de la Nación, en especial durante la expropiación petrolera y de la energía eléctrica, la defensa del trabajo por conducto de los sindicatos, el respeto al derecho de huelga, la creación de instituciones de seguridad social.
Sin embargo, esa lucha obrera se vio muy pronto frenada por las dirigencias de sus sindicatos, que se dieron cuenta de la enorme potencialidad obrera, que podía hacer perder el control del régimen sobre un dinámico, pero aún incipiente, modelo de desarrollo. Fue entonces cuando la burocracia sindical se apoderó de las organizaciones, mediante la estratega de dotarlos de apoyos y prestaciones superiores a los del resto de los trabajadores.
El hecho no sólo inmovilizó a los obreros sino también a todos los trabajadores organizados a través de sindicatos, especialmente los trabajadores al servicio del estado.
Quizá la muestra más palpable de la disfunción histórica de los sindicatos la representa el salario. En México no se ha visto nunca una lucha nacional por un salario digno. Si el valor del salario de hoy día es inferior al de la década de los setenta, es, en parte, producto de la debilidad estructural de las organizaciones de los trabajadores.
Sin embargo, aún hay un signo más ominoso para el trabajo en México. Nuevamente es a partir de la década de los ochenta que se da un reflujo en las actividades productivas y la economía informal comienza a reinar por todo el país. El comercio ambulante controla cerca del 30% de la actividad. Sus implicaciones no son solo contra las contribuciones, sino, especialmente, contra las conquistas laborales.
Los trabajadores de la calle son evasores del fisco, pero también están ausentes de las prestaciones sociales, ganadas en un siglo de lucha. No tienen derecho a servicios de salud, aguinaldo, guarderías, reparto de utilidades, antigüedad en el empleo, pensiones y jubilaciones.
En esta nueva dinámica del mercado laboral, los trabajadores de la economía informal también se han dado sus propias organizaciones, que actúan como grupos de poder derivado de la violencia física, para preservar esos espacios que rápidamente se han ganado y que les reditúan ganancias exorbitantes.
Conviene revisar, aunque sea brevemente, el caso de los maestros, puesto que significan el sindicato más grande de México y, con mucho, el que muestra un control a ultranza por parte de su dirigencia.
Esto se traduce en términos de la movilidad social, en un magisterio conforme con su situación laboral, que resiente lo magro de su salario, pero hace poco para mejorarlo; que se conforma con tener estabilidad laboral pero no da el paso definitivo para su profesionalización. Los casos recientes de reformas y contrarreformas educativas, dan cuenta de los limitados horizontes del magisterio. Su participación política, más amplia que la de los campesinos y obreros, también se limita a los ámbitos locales, con la simulación como su carta de presentación y su sindicato como el Frankenstein moderno que solo ve por los intereses de sus burocracias y por la protección de condiciones particulares anteponer esfuerzo alguno para mejorar la educación.
El proceso
Si bien los individuos han emprendido la organización social como un instrumento para defender los principios en los que creen, ¿cuáles son los espacios básicos para que se desarrolle la organización social? ¿En qué esferas de la vida diaria los individuos se han dado a la tarea de defender las causas por las que luchan?
El ámbito de la agrupación colectiva, sin lugar a dudas, abarca todas las esferas de la vida diaria de los individuos, los tiempos en los que transcurre su convivencia en familia y en sociedad, así tenemos las posibilidades de la agrupación colectiva en todos los campos: ejercer una actividad productiva, profesar una religión, practicar la recreación, recibir educación, practicar el consumo, vivir en comunidad, participar en política.
Sin embargo, en el ejercicio de sus iniciativas personales, los ciudadanos no desarrollan obligadamente la necesidad de la organización. Ésta nace sólo cuando enfrentan obstáculos para su práctica. Pero también es cierto que a pesar de enfrentar problemas comunes y ejercer sus iniciativas, la agrupación de los ciudadanos no se presenta en todos los fenómenos en los que tienen coincidencias, así como tampoco es, necesariamente, un acto voluntario., Desde este punto de vista se pueden inferir las tres categorías en las que se dividen los individuos: ciudadanos agrupados, ciudadanos no agrupados y ciudadanos agrupados sin conciencia de serlo
En este primer momento sólo se habla de agrupación, vista como el conjunto de individuos que se congregan en un ente social, y que consciente o inconscientemente, comparten un proyecto.
Si bien el objeto de estas notas es analizar las características del primer grupo señalado, cuando adopta las características de la organización, es importante dejar establecido que los grupos segundo y tercero son numéricamente importantes y políticamente definitorios para el establecimiento de políticas públicas.
El reto de la organización social es acelerar el proceso de incorporación de más individuos a entes que buscan con plena voluntad de acción, la satisfacción de objetivos comunes, desde el nivel más elemental de la convivencia diaria, hasta la influencia en las grandes acciones nacionales.
Y esto tiene que ser así porque la lucha individual no conduce a nada. De muy poco sirve para el proceso democrático del país, el ejercicio aislado de individuos con capacidad si no están engarzados con otros en la resolución de problemas comunes a una sociedad, pero menos sirve una gran masa de ciudadanos que compartiendo problemas comunes carezcan de enlaces viables para participar en la solución de sus problemas.
Es posible concebir a la organización social como un proceso que parte de la simple agrupación de ciudadanos en el que su accionar depende de la voluntad de otros para el logro de algún objetivo determinado, a otra que tiene como objetivo central la resolución de un problema existente cuya solución sólo puede hacerse a partir de la acción colectiva consciente.
En este sentido es entendible que se presente una organización informal, concebida en un primer momento como un movimiento o frente ciudadano sin una existencia formal, de carácter temporal o para un solo evento, en el que la identidad hacia el grupo es apenas reconocible pero que parte de liderazgos fuertes y plenamente reconocidos por la comunidad.
Otra característica importante de este momento de la organización es su separación absoluta de las redes del poder real y en muchas ocasiones enfrentados con ellas, provocado por el carácter beligerante que prevalece en muchos de sus dirigentes.
Como todo proceso social, estas organizaciones van adoptando sus estrategias a los avances que presenta la resolución de sus problemas. Es en este momento en el que desaparecen del escenario social muchas de las que efectivamente lograron el objetivo perseguido, las que después de enormes esfuerzos lograron satisfacer la demanda social para la que se agruparon. En muchas ocasiones esas organizaciones quedan en posición latente para enfrentar nuevas acciones, aunque en la mayoría de los casos desaparecen definitivamente.
También se desvanecen las que sin conseguir sus objetivos no tuvieron el empaque suficiente para sortear los avatares que caracterizan a la lucha social y que no tuvieron el nivel de cohesión necesario para impulsar una acción organizada y carecieron de respaldo popular, mostrándose impotentes para posibilitar la incorporación de otros ciudadanos con los mismos problemas.
Dejan la escena social las agrupaciones que fueron utilizadas como trampolín por líderes para auspiciar sus objetivos particulares, práctica más que recurrente en la política mexicana. Son agrupaciones que adoptaron un revestimiento social para alcanzar metas preconcebidas con tintes electorales o para adquirir un mejor posicionamiento en el escenario político o económico.
También están las que desaparecen por la enorme presión que ejercen las fuerzas represivas del régimen o de los particulares que ven amenazados sus intereses, además de las que fueron rebasadas por la complejidad de los objetivos que perseguían, sin capacidad para articular una postura definitiva ante ellos.
No por el hecho de ser organizaciones temporales, débiles o sujetas al líder, esas organizaciones sociales dejan de tener una influencia decisiva y se convierten en el principal eslabón que requieren los partidos políticos para hacer su trabajo de operación política y vinculación ciudadana, dejando atrás las funciones que hacen para sí, creyendo que con el fortalecimiento de sus posiciones ante sus simpatizantes y militantes, es como lograrán acceder a alcanzar o refrendar el poder público.
Aún esta organización social, digamos precaria, demuestra que los partidos políticos están sujetos a ella, más que ella a los partidos políticos. O expresado de otra forma, la organización social precaria puede seguir existiendo por ella misma, mientras que los partidos políticos no pueden hacerlo sin ella.
Pero también existen las organizaciones sociales que se han consolidado a lo largo de una larga lucha, en la que han sabido enfrentar con éxito los embates del régimen, las conductas individualistas, el radicalismo estratégico e ideológico y la intolerancia que conlleva.
Pero existen otras que además de haber alcanzado todos los logros descritos, se han convertido en una fuente de poder por sí mismas y la movilización natural la han convertido en burocracia. Son entes capaces de enfrentar a otros estamentos del poder, pero, sobre todo, de establecer alianzas estratégicas que les permita seguir ofreciendo los apoyos que requiere su dominante burocracia. Normalmente estas organizaciones se originaron a partir de la administración pública y hoy conviven con las altas esferas del poder público, estatal y nacional.
Esas organizaciones consolidadas con poder político para sí mismas representan la antítesis del movimiento social. Las posturas que defienden lo hacen para mantener las estructuras que las hacen permanecer en la escena política, a través de una lucha cosmética para defender los intereses de sus representados.
Bajo los planteamientos descritos con anterioridad, es posible hacer una clasificación de movilización social a partir del nivel de desarrollo de las organizaciones: precarias, consolidada y con poder propio.
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