Última actualización el 24 de diciembre de 2018
Roberto Baltazar Márquez
El presidente Enrique Peña decidió desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria al inicio mismo de su mandato y sustituirla por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, porque entendió que la reforma agraria como proceso había concluido, con lo que se debía dar entrada a una visión territorial del desarrollo. Se hizo a partir de un criterio mecánico que generó una tendencia de opinión en considerar que si la tierra antes fue rural, ahora sería urbana, en virtud del crecimiento poblacional. Como si eso fuera cierto y si aun siéndolo, llevara al olvido de lo anterior.
Bajo esa limitada visión conceptual, no es de extrañar que lo agrario haya sido totalmente abandonado por el gobierno federal, que instruyó a sus dependencias para que mantuvieran una posición de contención de la demanda de campesinos y organizaciones, dándoles apenas lo necesario para operar los programas tradicionales bajo una alta precariedad presupuestal.
La ausencia de una política hacia el campo fue patente porque en su lógica de pensamiento político y formación económica, el campo no es importante al contribuir de manera muy escasa al producto nacional, por lo que no es recomendable distraer recursos en actividades y sectores tradicionales, que se ajustan a la dinámica de crecimiento de otras ramas con mayor dinamismo económico.
El fracaso de la política agraria del presidente Peña obedece a esa visión simple y reduccionista de la vida en el campo: no generas, no te doy. Sin percatarse de que el campo y los campesinos, son la simiente de un país próspero, con tendencia al desarrollo. Basta voltear hacia Estados Unidos y Europa para distinguir los mecanismos de estímulo al campo que se tienen a partir de un gasto público virtuoso que subsidia la producción agropecuaria en grado superlativo.
Pero el fracaso de aquella decisión de hace seis años alcanza también a la otra parte de su apuesta: el desarrollo territorial y urbano, que simplemente se quedó en un enunciado falto de contenidos e hizo que esa secretaría se convirtiera en un instituto de promoción de vivienda, con énfasis marcados en el apoyo a los grandes constructores. Sin embargo, el enfoque territorial es mucho más que eso, y tiene que ver con la aspiración de que la tierra sea el eje en el que se articulan una serie de medidas de fomento económico para el crecimiento de una región o una rama de la economía, que promuevan una sucesión de actividades productivas complementarias y se auspicie un crecimiento de variables como: empleo, valor agregado, valor de la producción, sustitución de importaciones, etc. Ese modelo no ocurrió en ningún lugar del país.
Además, la desincorporación de tierras del régimen ejidal para la instalación de infraestructura para el desarrollo, fue una acción que debe verse en los términos que se dio, es decir, como una acción aislada de empresarios que requerían de esos espacios territoriales para instalar sus empresas y nada más. En tanto, los demás elementos para generar una economía regional fuerte, quedaban fuera del esquema de operación al no haber una coordinación de acciones del gobierno federal con los mismos empresarios y otros que pudieran complementar la inversión, amén de los demás órdenes de gobierno. El desarrollo territorial quedó trunco.
En México vivimos un proceso de desamortización de tierras desde hace 25 años, con la reforma constitucional que impulsó el gobierno de Salinas de Gortari. De ese tiempo para acá, el proceso ha seguido el ritmo y la velocidad que le ha convenido al capital privado. Se compra tierra donde ellos quieren, en los lugares que el mercado señala como óptimos para una empresa en lo particular y no en lo que se necesita a partir de una política territorial, con una visión de estado.
El problema con la política agraria que vive sus últimos minutos es que, además, queda subsumida en la gestión administrativa del gobierno. Las instituciones responsables de la cuestión agraria han funcionado como limitantes del desarrollo autónomo de los campesinos y se han impuesto a la vida rural. Ahí tenemos, especialmente, a la vieja Secretaría de la Reforma Agraria y a su sustituta, la Procuraduría Agraria, dependencias con un proyecto social claramente delimitado en la Constitución y las leyes particulares que las rigen y que lejos de impulsar actividades que den suficiencia técnica e independencia a los campesinos y sus organizaciones, son frenos para alcanzar esos objetivos. Hoy, la Procuraduría Agraria necesita más a los núcleos agrarios, que éstos a ella.
No cabe la menor duda que el presidente Peña debe la construcción de su candidatura a los gobernadores. Al ser de oposición y no tener un jefe máximo en la figura del presidente de la República, como siempre lo hicieron los candidatos priístas, Enrique Peña pactó con los gobernadores de su partido y de otros partidos su apoyo para alcanzar el objetivo y algo les ofreció a cambio.
Entre otras cosas, les entregó a las dependencias del sector agrario, es decir, la SEDATU, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, con consecuencias funestas para él, como presidente y para los campesinos del país. Al hacerlo, les entregó la designación de los delegados en los estados y la instrumentación de la política agraria y ocurrió que lejos de tener un política para el sector, hubo 32, una para cada entidad o quizás menos, si tomamos en cuenta a los gobernadores con los que no pudo pactar. Los gobernadores tuvieron entonces oficinas especializadas para promover procesos agrarios en su beneficio y los de sus allegados. Fueron indiferentes ante esa política agraria carente de proyecto social; en cambio, usaron al sector agrario en su beneficio personal y les sirvió como respaldo institucional para hacer pingües negocios inmobiliarios. Los casos más sonados de gobernadores acusados son, en parte, originados por este error del presidente de la República, al permitirles un esquema de impunidad sexenal que, dada su voracidad, se salió de control y los llevó a los escándalos que todos conocemos.
En tanto, ¿qué ocurría en esas mismas dependencias en sus oficinas centrales? Nada, literalmente nada. Se sabe que los secretarios y titulares de dependencias son los instrumentadores de una política pública definida y si no hay política agraria, no puede haber acciones de instrumentación. Ninguno de ellos tuvo la intención de aportar elementos para construir una política agraria sólida y en mucho se debe a su hondo desconocimiento del sector, del campo y de los campesinos. Baste ver a quienes encabezaron la Sedatu para cerciorarse que no existió interés en generar un mejor espacio institucional para los campesinos ya que sus propósitos eran otros. Ser gobernador, salir de los apuros de Ayotzinapa, apoyar proyectos presidenciales de otros, son intereses contrarios a emprender acciones en favor de los ejidatarios y comuneros. Esos son los intereses de quienes encabezaron al sector y la única tierra que les interesa es la de sus casas y fincas rústicas.
Alrededor del campo mexicano se creó una intrincada red de intereses que se promovieron y toleraron desde el gobierno federal. Los campesinos deben cargar, además de una burocracia ineficaz, a despachos de técnicos y abogados que sustituyen la acción gubernamental y va desde el gestor que coyotea asuntos a las afueras de la oficinas, hasta los poderosos despachos que litigan difíciles juicios agrarios, con la ventaja de que tienen a las dependencias como oficinas a su servicio y al personal institucional absolutamente corrompido. Están además los despachos que manejan aquellos que estuvieron ligados al sector y a otras instancias de gobierno o los que se manejan desde adentro de las delegaciones estatales, ya sea a través de gestores o de familiares.
Esa pesada carga está en los hombros de los campesinos: dependencias ineficaces y corruptas, despachos voraces, promotoras de la corrupción y un gobierno que de tan lejano, se volvió invisible.
La ausencia de un proyecto para los campesinos se volvió en contra del gobierno de Peña y los campesinos votaron masivamente en contra de su partido.
Cualquier proyecto de nación debe tomar en cuenta a los campesinos. Es una gran lección.
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